Tras años de férrea defensa de sus derechos y territorios frente al gobierno derechista de Bolsonaro, los pueblos indígenas de Brasil y la comunidad internacional esperaban un cambio con la victoria de Lula, que se presentó a la presidencia con promesas de proteger el medio ambiente y reconstruir las relaciones con los pueblos indígenas. La creación del Ministerio de Pueblos Indígenas -dirigido por Sonia Guajajara- y la demarcación de seis nuevos territorios indígenas (algunos que llevaban 30 años esperando obtener este estatus) indicaron el cambio de una era.
Sin embargo, duró poco; la agenda anti-indígena y pro-ruralista sigue impregnando profundamente la política y la sociedad brasileñas. Gran parte del país está en contra de las políticas que benefician a los pueblos indígenas, concediéndoles derechos sobre sus tierras ancestrales, y muchos afirman que la mejor forma de “desarrollar” el país es mediante la siembra extensiva de soja, la ganadería, etc. A pesar de las sólidas pruebas de que estas acciones podrían agravar la crisis climática. En este momento, los pueblos indígenas (PI) se están levantando contra al menos cinco leyes y documentos legales que ponen en riesgo sus vidas y territorios. La tesis del Marco Temporal y los proyectos de ley PL2940/PL2903 quieren frenar la demarcación de tierras indígenas, lo que podría dar luz verde a grupos ruralistas para invadir y violar los derechos de los pueblos indígenas que resguardan la biodiversidad.
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Además, en la Cámara de Diputados, el Senado y la Justicia hay miembros que afirman que ya hay demasiada tierra en manos de los pueblos indígenas, al tiempo que presionan para que se otorguen concesiones más importantes a megaproyectos agrícolas, de prospección petrolífera y mineros. Justo la semana pasada, el 30 de mayo, los diputados brasileños aprobaron el proyecto de ley PL2940 (ahora llamado PL2903), que propone la liberación de la construcción de carreteras, centrales hidroeléctricas y otras obras en tierras indígenas sin consulta previa, libre e informada con los PI; concede autorización para impugnar la demarcación de tierras en cualquier fase; flexibiliza el marco político de no contacto con los pueblos aislados. El proyecto de ley será revisado por el Senado en los próximos días. La Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) ha convocado continuas movilizaciones nacionales para detenerlo y está ofreciendo cobertura en directo de la situación.
Las amenazas a los pueblos indígenas también pasan por la Justicia. La tesis de Marco Temporal podría convertirse pronto en un precedente jurídico perjudicial. El texto sostiene que los pueblos indígenas sólo tienen derecho a la demarcación de sus tierras tradicionales si ocupaban esas tierras el 5 de octubre de 1988, fecha de publicación de la Constitución Federal de Brasil. Según esta tesis, las tierras ocupadas por otras personas en esa fecha no pueden demarcarse como tierras indígenas. Estos territorios pueden considerarse propiedad de particulares o del Estado, ya no de los pueblos originarios que los habitan. La tesis ha sido defendida por sectores campesinos y políticos que argumentan que la falta de una fecha definida para la ocupación de tierras por parte de los indígenas genera inseguridad jurídica y conflictos por la tierra. Sin embargo, es ampliamente criticada por juristas, organizaciones indígenas, movimientos sociales y ecologistas, que señalan que la tesis es una amenaza para los derechos de los pueblos indígenas y una afrenta a su dignidad y supervivencia. Además, muchas comunidades indígenas fueron expulsadas de sus tierras durante la dictadura militar y sólo pudieron regresar después de la fecha establecida por la tesis, lo que puede dar lugar a graves violaciones de los derechos humanos.
La tesis del Marco Temporal podría aprobarse el 7 de junio, cuando el Supremo Tribunal Federal se pronuncie sobre el caso Xokleng, un litigio planteado por el Instituto del Medio Ambiente de Santa Catarina (IMA, por su nombre en portugués) contra la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas y el pueblo Xokleng, que pretende despojarles de sus tierras ancestrales. Si el IMA gana utilizando el argumento jurídico del Marco Temporal, podrían seguir muchos más casos legales para impugnar la demarcación de las tierras indígenas en todo el país.
Científicos de todo el mundo han demostrado una y otra vez que conceder a los pueblos indígenas el acceso a sus tierras es la forma más eficaz de proteger los ecosistemas críticos que toda la humanidad necesita para detener el cambio climático. Por ejemplo, el estudio más reciente del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina demuestra que los territorios indígenas son incluso más eficaces para frenar la deforestación y la pérdida de bosques que las zonas protegidas a nivel nacional. Los datos son significativos para Brasil, que alberga la biodiversidad y la fauna más extraordinarias del planeta; el 10% de las especies de nuestro mundo lo consideran su hogar. Además, 305 etnias indígenas habitan estos territorios llenos de naturaleza, aportando riqueza cultural y mostrando una forma de vivir en conexión con la naturaleza.
Actualmente nos encontramos en una encrucijada para detener los proyectos mencionados que amenazan la vida de los pueblos indígenas y, a su vez, ponen en riesgo de destrucción los biomas bajo su tutela. La pérdida de naturaleza y riqueza cultural en Brasil perjudica enormemente la salud planetaria y pone en peligro los objetivos globales para frenar el cambio climático.
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